El déficit de médicos es sólo una parte de la crisis que atraviesa el sistema de salud chileno. Podríamos decir que es uno de sus síntomas, aunque muchas veces, el más visible. Sin embargo, el problema de la salud chilena es mayor, y tiene sus causas a nivel estructural.
Las cifras lamentablemente no han sido exactas, pero el déficit de médicos bordea los más de 1.300 médicos en atención primaria de salud, y alrededor de 3.700 médicos especialistas para completar la oferta en toda la red pública.
El 14 de febrero del 2017 dejará de estar en vigencia la Ley Miscelánea (Ley 20.816), que entre otras cosas, permite actualmente ejercer a los médicos sin el Examen Único Nacional de Conocimiento de Medicina (EUNACOM), lo que obligaría a todos estos profesionales a dejar sus puestos de trabajo, aumentando así el actual déficit de 37.1% a más del 55%.
Estos números son alarmantes por sí mismos, pero también son fruto de una política de salud errática, donde intencionadamente, se han desviado recursos a través de distintas vías hacia instituciones privadas, en vez de priorizar el área pública, enriqueciendo a pequeños grupos que lucran con la necesidad de las personas.
Estas cifras además, no toman en cuenta la distribución de estos profesionales, los cuales se concentran en su mayoría, en lugares de mayor vulnerabilidad. Existen consultorios u otros servicios donde los médicos graduados en el extranjero son el 90% de los profesionales contratados.
Algunos medios de comunicación, han tratado de minimizar el impacto de este suceso, publicando cifras evidentemente ridículas de médicos que saldrían de sus puestos de trabajo; 800, 600, incluso 400 profesionales. Lo que no resiste el análisis ni el sentido común.
Lamentablemente la pobre respuesta de las autoridades parece no visibilizar la crisis sanitaria existente ni la profundización de esta, si esta cantidad de profesionales salieran del Servicio público.
El gobierno, a través de sus portavoces, habla de que se formarán 1000 especialistas por año, que a través de los Médicos de Etapa de Destinación y Formación (EDF), se suplirá el déficit en APS, que la telemedicina servirá para consultar dudas médicas. Sin embargo, estos cálculos sólo son teóricos y muy generales; no se habla de los lugares con mayor déficit, de las atenciones pendientes de manera crónica, de las enormes listas de espera del AUGE.
No se habla que existe un porcentaje importante de médicos que abandonan su etapa de formación y los que no devuelven el Periodo Asistencial Obligatorio (PAO). Tampoco se toma en cuenta el número de profesionales que van jubilándose ni el crecimiento de la población.
Se sabe además que alrededor del 56% de los especialistas trabajan en el sector privado.
Luego de que los médicos especialistas terminan su proceso de devolución en un servicio público, un 30% de ellos migra al sector privado, y un año después los sigue otro 20%. O sea, en dos años, sólo queda un 50% o menos en el sector público.
Según la Agrupación de médicos de APS, en artículo de prensa del 2014, sólo el 5% de médicos recién egresados se mantenía trabajando en el sector público.
Pese a que las cifras no son exactas y varían mucho entre los distintos informes, lo cierto es que un número importante de médicos emigran del sector público en los primeros años de su ejercicio profesional, por lo que cuando José Concha anuncia triunfalmente que se están incorporando sobre 500 médicos a APS recién egresados, oculta inevitablemente esta terrible realidad.
Sin más, entre enero y mayo de este año, 156 médicos abandonaron sus cupos asignados en el sistema público, y 15 facultativos habían abandonado sus cupos de formación.
Por otro lado, en una publicación reciente del periódico La Tercera, refiere que hasta la fecha existen 2.448 médicos inscritos para dar la sección teórica del EUNACOM. Suponiendo que no todos estén trabajando en el sector público, no deja de ser una cifra desestimable en comparación a lo publicado por los medios. Y en el supuesto impensable en que todos estos médicos pasaran dicha prueba, aún tendrían que rendir la sección práctica, lo que sin una prórroga de la Ley que permite su ejercicio profesional, pondría en jaque a un número importante de médicos que quedaría sin su fuente laboral.
Lo hemos dicho en otras ocasiones; el EUNACOM no es un examen de revalidación ni un sistema de evaluación válido para acreditar calidad. Este examen es un filtro, una barrera para el ejercicio de profesionales graduados en el extranjero, y al determinar quién trabaja en el sector público, también ejerce una influencia directa en políticas públicas de salud, lo que al ser administrado por una entidad privada, le da el carácter de inconstitucional.
El porcentaje de reprobación se encuentre entre el 70 – 90% en cada convocatoria. Sin embargo, en el sistema de revalidación en la Universidad de Chile, el porcentaje de desaprobación era mucho menor (entre el 15 – 20%), lo que hace aún más sospechoso el instrumento que es el EUNACOM.
Además, en las últimas semanas, en un intento desesperado por salvar la situación que se viene en pocos meses, el Ejecutivo ingresó con suma urgencia, una indicación sustitutiva al Congreso, que busca permitir que médicos graduados en el extranjero, y que tienen una especialidad o subespecialidad, no rindan el EUNACOM y sólo acrediten sus estudios en la Corporación Nacional Autónoma de Certificación de Especialidades Médicas (CONACEM), dándose un plazo de apenas seis meses, contados desde la publicación de la ley, para que los interesados presenten la solicitud de certificación. Así, los médicos en esta categoría que estén sujetos a la obligación de rendir el Eunacom, por el mandato de 2014, quedarán exentos.
Sin embargo, se vuelve a dejar en manos de particulares, la acreditación de las especialidades, y por ende, el número de especialistas que trabajen en el sector público.
Hay que hacer notar además que CONACEM, está compuesto por ASOFAMECH, además de otras instituciones, que es quien precisamente administra el EUNACOM, lo cual no da garantías respecto a salir de este embrollo.
Es por esto que la Agrupación de Profesionales graduados en la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM), hemos planteado un proyecto en donde los médicos graduados en otros países, realicen un de Servicio Social evaluado, que contemple una evaluación teórico-práctica contextualizada en la realidad de la Atención Primaria de Salud y en las Urgencias atendidas a este nivel, que permita junto con medir sus conocimientos y calidad de atención, paliar la brecha de médicos generales y especialistas existentes en nuestro país.
Este sistema de revalidación debiese estar en manos de los Ministerios de Educación y de Salud, que son los que tienen la responsabilidad indelegable de hacerse cargo de estas funciones.
Con este proyecto, esperamos de esta manera contribuir con disminuir el brutal déficit de médicos que afecta a nuestro país, y que como en todo orden de cosas, afecta a las grandes mayorías despojadas del ejercicio real del Derecho a la Salud, por las limitaciones económicas de su acceso.