El 14 de febrero de este año, dejará de estar en vigencia la llamada Ley Miscelánea (Ley 20.816), que permitía que médicos graduados en el extranjero, contratados antes de fines del 2014, pudieran seguir ejerciendo.
Esto producirá que un número importante de médicos dejen sus puestos de trabajo en la red pública. Los cuales no son 200 ó 400 como quiere hacer ver el MINSAL, y mucho menos podrán ser suplidos por los Médicos de Etapa de Formación y Destinación.
Se publicó hace sólo un par de días, una nueva Ley que exime de dar el EUNACOM a médicos que tengan una especialidad o subespecialidad, debiendo certificar la misma para poder ejercer en el sector público. Sin embargo, se le dio la potestad para esta certificación a CONACEM, entidad privada que está compuesta también por ASOFAMECH, los mismos que administran el examen para médicos generales y se han mostrado en la práctica, contrarios a la llegada de médicos extranjeros.
Hemos sabido además, que al intentar la inscripción para dicha certificación, se les ha dicho a algunos colegas extranjeros, que CONACEM es autónomo y que no tiene por qué seguir las directrices del MINSAL, lo cual demuestra las advertencias que en su momento hicimos en una sesión de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.
Lo hemos dicho con anterioridad; no estamos en contra de un sistema evaluativo y de certificación, sin embargo consideramos que el EUNACOM, el examen que ha sido diseñado por ASOFAMECH, no responde adecuadamente a esta exigencia.
Es por esto que la Agrupación de Profesionales graduados en la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM), hemos planteado un proyecto en donde los médicos graduados en otros países, realicen un de Servicio Social evaluado, que contemple una evaluación teórico-práctica contextualizada en la realidad de la Atención Primaria de Salud y en las Urgencias atendidas a este nivel, que permita junto con medir sus conocimientos y calidad de atención, paliar la brecha de médicos generales y especialistas existentes en nuestro país.
Sabemos que los exámenes de revalidación que existen en algunos países, son administrados por los Ministerios de Salud, o al menos, fiscalizados por ellos. Lo cual garantiza cierta transparencia.
ASOFAMECH y sus representantes, han insistido en la brecha que existe en la aprobación de graduados nacionales y extranjeros, sin embargo, ocupar un examen que ellos mismos confeccionan para los alumnos de sus facultades, para el cual además preparan durante los últimos años de la carrera, es contradictorio y poco objetivo.
De hacerse efectiva esta medida, el número de médicos que dejarán sus puestos de trabajo será mucho mayor del que señalan las cifras oficiales. Esto traerá como consecuencia que un porcentaje alarmante de personas queden sin atenciones.
Esto no parece preocupar a los representantes del MINSAL, quienes no se han pronunciado con una propuesta seria, minimizando el problema o argumentando que con los médicos EDF bastará para cubrir en los lugares donde hay necesidad de profesionales.
La Contraloría General de la República ha vuelto a hacer énfasis recientemente en que de existir necesidad de profesionales, estos pueden ser contratados con los permisos seremiales correspondientes. Esto se fundamenta en el principio de “servicialidad”, donde las instituciones deben asegurar la atención de su población; “El estado está al servicio de la persona humana y su finalidad en promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantía que esta Constitución establece”.
Hacemos un llamado a todos los afectados y responsables, a hacer valer este principio legal, a defender la permanencia de los profesionales en sus puestos de trabajo, quienes aseguran que un número importante de nuestros compatriotas puedan ser atendidos.